M. A.
La reciente convocatoria del Ayuntamiento de Hellín para una bolsa de técnico/a de prensa y comunicación ha puesto sobre la mesa, con la elegancia de un elefante en una cristalería, una realidad preocupante: la absoluta falta de valoración de la formación profesional en comunicación. Porque, claro, ¿para qué iba a ser necesario algo más que un redactor “manitas” para gestionar la voz oficial de una institución pública?
Aunque la convocatoria cumpla con los parámetros legales —y ya sabemos que “legal” no siempre es sinónimo de “lógico”—, ¿es suficiente con ceñirse a lo mínimo cuando hablamos de algo tan delicado como la información que reciben los ciudadanos? Es como pensar que con un paracetamol se cura todo, desde un resfriado hasta una fractura.
En tiempos donde la desinformación corre más rápido que un meme en WhatsApp y las redes sociales marcan la agenda informativa, confiar esta responsabilidad a perfiles genéricos es jugar al ajedrez con fichas de parchís. Las administraciones públicas necesitan algo más que “apuntadores creativos”; requieren profesionales que entiendan de periodismo, de comunicación audiovisual y, sobre todo, de cómo lidiar con un entorno saturado de mensajes y promesas políticas a medio cumplir.
Comparar esta situación con otras profesiones es revelador. Nadie se atrevería a contratar a un fontanero para pilotar un avión, ni a un DJ para operar a corazón abierto. Pero parece que en la comunicación institucional, cualquier “aprendiz de todo y maestro de nada” puede ocupar el puesto. ¿El mensaje que se manda con esto? Pues que cualquiera puede hacer este trabajo, total, es solo escribir cosas, ¿verdad?
Lo más triste de todo es que decisiones como esta no solo subestiman la profesión, sino que también contribuyen al eterno “bullying” laboral del periodismo. En un mundo donde esta disciplina ya está en la cuerda floja —con salarios de risa y credibilidad por los suelos—, que las instituciones públicas ignoren la importancia de la especialización no ayuda. Es la precarización disfrazada de pragmatismo burocrático.
Los ayuntamientos tienen una responsabilidad que va más allá de tapar baches o inaugurar fuentes: deben garantizar que la información que transmiten sea precisa y profesional. No hablamos de poesía, hablamos de datos. De credibilidad. De algo tan básico como el derecho ciudadano a estar bien informado.
Es hora de dejar las excusas. Revisar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) no debería ser visto como un esfuerzo titánico, sino como una obligación ética. Si queremos una democracia fuerte, necesitamos comunicación profesional, no discursos improvisados de feria.
El Ayuntamiento de Hellín tiene aquí una oportunidad para dejar de ser el meme del día y liderar con el ejemplo. Porque dignificar la comunicación no es un lujo, es una necesidad. Y si no lo entienden, bueno, siempre queda el plan B: esperar a que algún influencer venga a arreglarlo todo con un reel.
