La inversión se centrará en cinco vías del término municipal y de Tobarra, dentro de un plan de reconstrucción que destina 40 millones a la provincia
La provincia de Albacete recibirá más de 40 millones de euros del Gobierno de España para la reconstrucción de infraestructuras afectadas por la DANA de octubre de 2024, según anunció la delegada del Gobierno, Milagros Tolón. De esa cantidad, cerca de 5 millones de euros se destinarán a actuaciones en el término municipal de Hellín y Tobarra, una de las zonas más castigadas por las lluvias torrenciales.
Tolón recordó que la DANA del 29 de octubre de 2024 provocó graves destrozos en Letur, Ayna, Molinicos, Socovos y Hellín, además de la pérdida de seis vidas en la comarca de la Sierra del Segura. “Queremos mantener vivo el recuerdo de las víctimas y seguir apoyando a las familias y municipios que aún sufren las consecuencias”, señaló.
Cinco carreteras a reparar en el término de Hellín
Las obras previstas para la comarca se centran en cinco vías provinciales, que suman más de 36 kilómetros de reparación y acondicionamiento:
- AB-401: Tobarra a CM-313.
- AB-402: CM-412 a N-301 por Nava de Campana.
- AB-403: N-301 a Minas por Agramón.
- AB-404: Hellín a Agramón (por el puerto Encerrado).
- AB-305: Aldea de Sierra a Tobarra.
Estas actuaciones, financiadas al 50 % por el Gobierno de España y la Diputación Provincial de Albacete, forman parte del plan de 49 proyectos en 11 municipios, con una inversión global de 26,7 millones de euros, de los cuales el Estado aporta 13,3 millones en subvenciones directas.
Letur, símbolo de la recuperación
Milagros Tolón destacó además la atención especial al municipio de Letur, que contará con ayudas adicionales hasta alcanzar una inversión total de 27 millones de euros por parte del Gobierno central. “En conjunto, la provincia de Albacete recibirá más de 40 millones de euros para la reconstrucción de nuestros pueblos tras la DANA de 2024”, afirmó.
Colaboración institucional y rapidez en la gestión
La delegada subrayó el trabajo coordinado entre el Gobierno, la Diputación y los ayuntamientos afectados, que ha permitido reducir a menos de un año el tiempo de resolución de las ayudas. “Antes estos procesos podían demorarse dos años; hoy demostramos que la colaboración institucional acelera la respuesta ante las emergencias”, añadió.
