Marta Pérez y Juan A. Moreno Moya piden que se realice una campaña en pro de la transparencia
Los concejales del Partido Popular de Hellín Marta Pérez y Juan Antonio Moreno Moya comparecieron el pasado jueves para solicitar al Gobierno Municipal que a la mayor brevedad posible ponga en marcha una campaña informativa sobre la nueva Ley de Contratación Pública con las novedades y cambios que lleva consigo.
Desde el PP pretenden que los ciudadanos conozcan cuanto antes las novedades y cambios que, desde su entrada en vigor, afecta a los proveedores y empresarios locales, que tendrán que adaptarse para contratar servicios o vender productos al Ayuntamiento y otras administraciones públicas.
La nueva Ley, que entró en vigor hace una semana, según Moreno Moya, «supone una apuesta decidida por la transparencia, la agilidad y el control en las adjudicaciones públicas, prima la calidad de obras y servicios y favorece la competencia empresarial”. Asi mismo indicó que mejorará la transparencia, la agilidad y el control de las adjudicaciones públicas a través de la Administración electrónica e introduce en su articulado nuevos criterios de adjudicación de contratos que inciden en políticas horizonatales de carácter social, medioambiental y de fomento de la innovaci.
Marta Pérez recordó que con esa ley se pretende mejorar la eficacia de las adjudicaciones prestando mayor atención a la calidad y la innovación, y por ello, establece como criterio la mejor relación entre calidad y precio, sustituyendo el anterior que se limitaba a valorar la oferta económica más ventajosa.
Más adelante señaló que esta nueva normativa va a afectar a miles de empresas y millones deciudadanos y servirá para ordenar decenas de contratos cada año de todas las Administraciones Públicas del país.
Por último aclaró que «se establece que no podrán contratar con la Administración las personas o empresas que hayan sido condenadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia laboral o social».
