Con la intención de extender y ampliar la protección social a las rentas más bajas ante la situación económica derivada de la crisis
Así lo ha explicado en Hellín, el diputado nacional, Carlos Díaz, donde ha estado acompañado por el secretario de la agrupación y alcalde de la ciudad, Ramón García, y el concejal, Julián Martínez, que ha destacado en primer lugar la capacidad del gobierno de Pedro Sánchez, que por circunstancias imprevistas ha demostrado eficacia en la protección de los más vulnerables ante situaciones complejas.
Para el diputado “es una experiencia en esta nueva crisis concatenada para adoptar medidas” con la garantía de saber que estas inversiones en protección están funcionando. Por ello ha puesto en valor “la capacidad del Gobierno de adoptar medidas durante la pandemia, como de suspensión de contratos y no extinción, de reducir o evitar despidos masivos con el fin de mantener el empleo y el tejido productivo, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional”.
“Este nuevo decreto, explicó, se recoge la bajada del IVA para la luz, reduciendo su tasa impositiva del 10 al 5 por ciento y hace un año se bajó del 21 al 10. Dos reducciones que, en la práctica, suponen que el contribuyente pague el 80 por ciento menos de impuestos por su consumo energético. Se suma a esta media la limitación hasta final de año del precio de la bombona de butano que está topado en 19,95 euros”.
“Asimismo, continuó, con la misma intención de ayudar a las familias más vulnerables, las decisiones del Consejo de Ministros, incluyen una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, familias y autónomos con ingresos inferiores a 14.000 euros al año. También se incrementarán un 15 por ciento las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez; una medida que repercutirá en un incremento medio de dichas pensiones en 360 euros hasta final de año por perceptor”.
Decreto anticrisis
Ya hablado del conocido como “decreto anticrisis” indicó que viene a complementar la prórroga hasta final de año del anterior decreto por lo que juntos componen una amplia inversión en protección social y fortalecimiento empresarial y de empleo. Estos textos recogen una inversión total de más 15.000 millones de euros, lo que se traduce en un punto porcentual de PIB (Producto Interior Bruto) del país. De la inversión total, 9.000 millones irán destinados a la prórroga del decreto aprobado en abril para la protección de familias y empresas y los otros 6.000 millones son para el segundo decreto en el que se recoge la bajada del IVA para la energía, las ayudas a las rentas más bajas y el incremento de las pensiones no contributivas.
Las medidas prorrogadas son la reducción de 20 céntimos/litro en el precio de los carburantes. Incremento en el IMV (Ingreso Mínimo Vital) en un 15 por ciento. Extensión del bono social eléctrico. Limitación del 2 por ciento en la renovación de los alquileres y prohibición de cortes de suministros para familias vulnerables. La prohibición de despedir trabajadores para empresas que están siendo ayudadas o subvencionadas por fondos públicos y por último, la reducción del IVA al 4 por ciento en mascarillas.
