En Hellín pueden haber unos 1.500 afectados por una cantidad cercana a los 3.000.000 de euros
Con la denominación “Apoyo a las personas afectadas por las clausulas abusivas de la banca”, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, María Jesús López, daba a conocer a los medios de comunicación su contenido que calificaba como de máxima importancia para los ciudadanos al asegurar que existían en nuestro municipio aproximadamente unos 1.500 afectados por una cantidad entre 1.500.000 y 3.000.000 de euros que dispone la banca y tendrían que ser devueltos con la mayor prontitud, tras el fallo dictado el 21 de diciembre del año anterior del Tribunal Superior de Justicia Europeo, rectificando una resolución del Tribunal Supremo de España.
La concejal de Ciudadanos seguía explicando que el objetivo de esta decisión judicial era la de proteger a los consumidores a los que no se había perjudicado a través de unas clausulas de suelo abusivas, donde habían sido perjudicados millones de consumidores, y que en la mayoría de los casos no afectaban a las grandes constructoras.
Por ello creía que era necesaria esta moción para que las administraciones fueran conscientes de su responsabilidad, y los ayuntamientos pusieran en marcha la tarea de defender a los ciudadanos afectados por ese nuevo abuso de la banca, recordando lo ocurrido hace unos años con las llamadas “Preferentes”, y asegurando que siempre tiene más recursos que cualquier otro grupo de estos consumidores afectados.
Más adelante señalaba que sería necesario desde el consistorio crear comisiones especiales con el fin de general un plan para conseguir que los bancos devolvieran a los 1.500 afectados, la cantidad de dinero expoliada.
“La clausula de suelo es ilegal, afirmaba, por una posición de dominio invalidada desde el principio, por ello habría que habilitar un registro en la Casa Consistorial para que la gente pueda acudir a informarse para que cuando antes se les retornará este dinero que es suyo”.
La ilegalidad de las cláusulas suelo
La concejala de Ciudadanos seguía explicando que “la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión pues ya en la sentencia de 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo consideró abusivas las cláusulas suelo, pues los consumidores no habían sido adecuadamente informados acerca de la carga económica y jurídica que les imponían esas cláusulas”.
“No obstante, recordaba, que el Tribunal Supremo decidió limitar los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de esas cláusulas, de modo que sólo produjera efectos de cara al futuro, a partir de la fecha en que se dictó la sentencia”. Limitación que, aseguró, solo se justificaba para la protección de las cuentas de resultados de los bancos y cajas.
