Desde la Asociación de Madres y Padres del Centro de Educación Especial Cruz de Mayo que preside Marta Ferreras, no llega un comunicado donde muestran su indignación por la falta de respuesta de la Consejería de Educación a sus demandas.
Este contencioso, que se inició el mes de julio del pasado año, por el cierre de la residencia del colegio, una residencia que llevaba treinta y un años, y que aseguran prestaba “un indudable servicio a muchas familias de la comarca, ya que permitía a niños con discapacidad, de pueblos alejados o en circunstancias familiares difíciles, recibir una educación adecuada a sus necesidades especiales”.
Según los responsables de la Consejería el edificio estaba en mal estado y era inadecuado para la educación especial, y que los alumnos que ocupaban la residencia no reunían los requisitos que daban derecho a ella., razones que a los padres consideraron que se trataba de una decisión puramente económica, ya que la Consejería pretendió desde un principio cerrar el edificio y dispersar a los alumnos, enviando a los internos a Albacete, mucho más lejos de sus familias, y ubicando a los externos en el antiguo Centro de Profesores, un espacio claramente insuficiente para albergar un colegio. Recordando que El Cruz de Mayo había pasado favorablemente todas las inspecciones reglamentarias y se trata de un centro premiado por su labor educativa.
Una vez emitido el informe justificativo del cierre por parte de la Delegación de Educación de Albacete, los padres contestaron a través de su abogado, rebatiendo con argumentos y pruebas documentales muchas de las afirmaciones contenidas en dicho informe.
El plazo, según siguen informando desde el AMPA, terminaba el 20 de enero, pero no se recibió contestación y según un decreto emitido el 13 de mayo de 2014 por el secretario judicial correspondiente, se acordaba “tener por caducado el derecho y por perdido el trámite de contestación” por parte de la Consejería de Educación de Castilla la Mancha, por lo que el letrado de la Junta de Comunidades debe devolver el expediente que se le entregó. Ahora queda pendiente la decisión de los magistrados mientras se preguntan: ¿Por qué la Consejería no ha contestado?
